La Empresa Pública de Viviendas (Sepes) bajo la lupa del Tribunal de Cuentas

Los retrasos detectados en la venta de parcelas y viviendas están ocasionando un coste extra en el mantenimiento y la conservación.

Un informe del Tribunal de Cuentas cuestiona la eficacia del Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), en su gestión del parque residencial público entre 2018 y 2023. Los retrasos detectados en la venta de parcelas y viviendas están ocasionando un coste extra en el mantenimiento y la conservación.

El Sepes es el embrión de esa empresa pública ideada por el Gobierno para promover y gestionar la vivienda estatal. El Sepes ha recibido una inyección de 1.500 millones de euros del MIVAU con los que promover 16.800 nuevas viviendas de alquiler asequible, con unos criterios para ser consideradas viviendas públicas del Sepes. Pero el informe del Tribunal de Cuentas señala graves retrasos, entre 2018 y 2023, en las actuaciones urbanísticas del Sepes, que textualmente atribuye a "la complejidad de su tramitación, con mucha burocracia y exigencias normativas, y a la distribución de competencias entre autonomías".

Acerca de los citados retrasos, el informe destaca que "en la fase de comercialización, se constata que promociones iniciadas hace más de una década no habían completado su venta al cierre de la fiscalización, lo que genera gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles pendientes. Como ejemplos de estos retrasos de entre 10 y 20 años, el informe alude a  la Operación Campamento de Madrid, con los antiguos suelos del Ministerio de Defensa, el Cuartel y la Maestranza de Artillería de Valencia y los terrenos del Regimiento de Artillería de Sevilla o lo del Parque Central de Ingenieros.

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